Para qué sirve revisar las fechas de caducidad y consumo preferente

En España no es posible comercializar alimentos que hayan superado las fechas de caducidad y de consumo preferente. La legislación europea es clara en cuanto a la fecha de caducidad: el producto no es seguro a partir de esa fecha y por lo tanto no puede venderse en ningún país de la UE. Pero la venta de alimentos después de la fecha de consumo preferente está más abierta a interpretación porque los productos siguen siendo seguros. De hecho, en algunos países como Portugal, Reino Unido o Irlanda sí es posible comercializarlos, pero nuestro país no es uno de ellos.

Esta opción permite aprovechar alimentos que todavía son aptos para el consumo y reducir el desperdicio alimentario. Según datos de la FAO, en todo el mundo se despilfarra un tercio de los alimentos producidos. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estima que en los hogares, el desperdicio alimentario alcanza el 42% del total, en la fase de fabricación el 39%, en la restauración el 14% y en la distribución el 5%. Así, España se sitúa en el sexto país que más comida desperdicia de Europa detrás de Alemania (10,3 toneladas); Holanda (9,4 toneladas); Francia (9 toneladas); Polonia (8,9 toneladas) e Italia (8,8 toneladas).

La pretensión del Gobierno es reducir estas estadísticas a la mitad en 2025. Para ello, puso en marcha en 2013 la iniciativa ‘Más alimentos, menos desperdicio’, una estrategia que incluye la promoción de buenas prácticas a través de campañas de concienciación, una mayor colaboración con los bancos de alimentos, el fomento de los productos de proximidad y venta directa y el uso de las nuevas tecnologías en la lucha contra el desperdicio y el mejor aprovechamiento de los productos. También se incluye la revisión de las leyes que puedan generar o favorecer ese desperdicio e identificar las limitaciones legales existentes para reutilizar productos no comercializables.

En este sentido, revisar y ampliar las fechas límite de consumo que se establecen para cada producto alargaría la vida de los alimentos y podría tener un impacto sobre la reducción del desperdicio alimentario. Si se efectúa esta verificación siempre debe basarse en un análisis de riesgos, de manera que los plazos que se establezcan sigan garantizando la seguridad alimentaria de los consumidores.

La fecha límite de consumo de los yogures

Un ejemplo de alimento para el que se han revisado los requisitos legales relacionados con su fecha límite de consumo es el yogur. Y aunque en ningún apartado de la nueva normativa se especifica que el objetivo sea reducir el despilfarro alimentario, sí puede tener repercusión sobre ello.

Hasta el año 2014 los yogures llevaban impresa fecha de caducidad y su límite era de 28 días después de su fabricación. Con el Real Decreto 271/2014 se aprobó una nueva norma de calidad del yogur y a partir de ese momento son los propios fabricantes los que deciden si sus yogures indican “fecha de caducidad” o “fecha de consumo preferente” y su duración. Según explicó en su momento el Ministro Arias Cañete “Ahora, cada fabricante podrá poner la fecha de consumo preferente que considere oportuna según sus desarrollos tecnológicos”.

En este sentido, la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) no se mostró contenta con tal generalidad y prefería acordar una fecha tope. FENIL optaba por conservar la fecha de caducidad de los yogures, aunque esta sería más permisiva, se alargaría hasta los 35 días. Pasado ese margen, el yogur podría seguir tomándose siempre que se haya conservado correctamente. “Creemos que la fecha de caducidad otorga más orientación al consumidor. El mensaje que proporciona el plazo de caducidad es más firme”, alegaba Luis Calabozo, director general de FENIL.

La propuesta de la FENIL no salió adelante, pero como la industria tiene libertad para etiquetar la vida útil, muchas empresas han optado por mantener la indicación de “fecha de caducidad” en los yogures en lugar de establecer la de consumo preferente.

Pero la sensibilización contra el desperdicio alimentario cada vez es más patente y las empresas, los consumidores y la propia administración deben tomar medidas para reducirlo.

En ese sentido, en junio se aprobó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley para promover y facilitar la donación de alimentos siguiendo el ejemplo italiano de la conocida como “Ley del buen samaritano”. Cuando salga adelante modificará la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, lo que facilitará la donación de alimentos a entidades sin ánimo de lucro.

Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha preparado un vídeo con consejos para hacer una compra útil, segura y en la que se ahorra tiempo y dinero, sin desperdiciar comida de manera innecesaria.