La FDA confirma la seguridad y eficacia de la vacuna de Moderna

La Agencia Americana del Medicamento (FDA) acaba de confirmar que la vacuna de Moderna contra el COVID-19 es segura y eficaz. El comunicado se basa en un primer análisis previo a su autorización de emergencia, que es muy probable que se produzca esta misma semana, por lo que la administración de esta vacuna podría comenzar en Estados Unidos en los próximos días, siendo la segunda disponible para la población tras la de Pfizer.

De hecho, la FDA ha publicado un documento informativo sobre esta vacuna, cuyos datos se discutirán en la reunión del jueves de su Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC), en la que se espera que se llegue a un acuerdo para su autorización definitiva, que permitiría que se inicie su suministro en el país.

Los resultados de los ensayos clínicos y los datos de seguridad son "consistentes con las recomendaciones exigidas por la Guía en la Autorización de Uso de Emergencia para Vacunas para prevenir la COVID-19"

Según la agencia, los resultados de los ensayos clínicos y los datos de seguridad son "consistentes con las recomendaciones exigidas por la Guía en la Autorización de Uso de Emergencia para Vacunas para prevenir la COVID-19". El documento también señala que "la FDA ha determinado que el fabricante ha ofrecido información adecuada para garantizar la calidad y consistencia de la vacuna para autorización del producto".

Las primeras inyecciones con la vacuna desarrollado por Pfizer y BioNTech comenzaron este mismo lunes en Estados Unidos, por lo que si la vacuna de Moderna obtiene la aprobación, tal y como se espera que ocurra, se convertiría en el segundo fármaco administrado en el país para prevenir la infección por coronavirus, algo urgente en una situación crítica en la que se han superado ya las 300.000 muertes confirmadas por esta causa.

Las primeras inmunizaciones irán destinadas a los profesionales sanitarios (la primera en recibir la vacuna de Pfizer ha sido una enfermera), y a todos aquellos que trabajen o vivan en instalaciones destinadas al cuidado médico a largo plazo, como las residencias de ancianos o los centros para personas con discapacidad, según han recomendado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.