Los productos ortoprotésicos serán financiados casi en su totalidad

Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han anunciado que a partir del uno de julio de 2019 las comunidades autónomas deberán financiar casi todo el valor de miles de productos ortoprotésicos, además de tener un catálogo igual en cada una de ellas para evitar las desigualdades en el acceso de los pacientes que las necesiten.

Los productos ortoprotésicos, donde se incluyen desde las muletas hasta cojines antiescaras, se actualizarán tras 11 años, pues no se revisaban desde 1998. Con la nueva orden se añadirán 48 nuevos tipos de productos al catálogo, entre los que destacan varios tipos nuevos de sillas de ruedas –en función de la necesidad del afectado–, corsés, férulas o andadores.

Hasta 5.000 euros de financiación en sillas de ruedas eléctricas

La nueva regulación, en cuya elaboración ha participado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), también mejorará la calidad y eficiencia del servicio ortoprotésico, pues se establecen mejor los productos, y la prestación y dispensación de los mismos. Entre algunos ejemplos de la financiación que deberán cumplir las comunidades autónomas en unos meses se encuentra la de las sillas de ruedas electrónicas, que será de hasta 5.000 euros, o hasta 3.000 euros en el caso de las manuales.

La nueva orden de productos ortoprotésicos añade 48 nuevos tipos de herramientas para mejorar la vida de los pacientes

Esto supone un gran avance, especialmente para las personas con un poder adquisitivo menor, que no se tendrán que enfrentar a los hasta 677 euros que cuesta un cojín especial para prevenir las úlceras, andadores que van desde los 75 a los 1.400 euros, medias para pacientes con quemaduras de unos 300 euros, o calzados ortopédicos de 728 euros.

Sin embargo, la Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) ha declarado que las medidas presentadas son insuficientes, pues creen que se han excluido algunos productos punteros que podrían mejorar de manera significativa la vida de los afectados y que, aunque se establece un máximo de financiación, no se marca el valor mínimo que deben costear las comunidades, por lo que esta decisión queda a su propio juicio.