El 85% de los pinchazos accidentales que sufre el personal sanitario se puede evitar

En la Unión Europea se producen cada año un millón de heridas a consecuencia de pinchazos con jeringuillas u otros instrumentos punzantes, que pueden originar la transmisión de más de 20 virus potencialmente letales, como los de la hepatitis C y el VIH (SIDA). En España, los profesionales sanitarios sufren más de 30.000 pinchazos por accidente al año, el 10% en la atención a afectados por hepatitis C, y el 5% con infectados por VIH.

A partir de ahora, y gracias a una normativa aprobada por el Consejo Europeo de ministros de Empleo y Asuntos Sociales, el riesgo de pinchazo accidental se reducirá notablemente.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería de España matiza que, tras el pinchazo, no siempre se contrae una infección, ya que por ejemplo en el caso del virus del sida, este a veces no desarrolla la enfermedad, pero el riesgo para la salud continúa siendo excesivo.

Para disminuir el número de accidentes, la directiva obligará a los países de la Unión Europea (en un plazo de dos años) a que retieren todo el material punzante de uso sanitario, como jeringuillas, lanzetas o vías intravenosas, y lo sustituyan por unos nuevos dispositivos que incorporan un mecanismo que hace que la aguja se retraiga nada más usarla. La directiva incluye, además, formación -que deberá ser impartida por los centros de salud u hospitales-, para que los profesionales sanitarios aprendan a utilizar correctamente estos dispositivos.

Grandes beneficios

La implantación de estos dispositivos conlleva muchas ventajas, no sólo por el beneficio directo que supone evitar el contagio de enfermedades al personal sanitario, sino porque los costes directos e indirectos de los pinchazos accidentales ascienden a más de 40 millones de euros al año, cifra muy superior a los 11,2 millones de euros que se prevé invertir en la sustitución de los actuales dispositivos.

En España, de hecho, y gracias a la iniciativa del personal de enfermería, hay cinco comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Navarra) que ya han preparado una normativa para el empleo de los nuevos instrumentos.

Antes de dos años, todas las comunidades tienen que adaptar sus dispositivos a la nueva norma europea porque, como advierte González Jurado, si se demuestra que hay evidencia científica que permita evitar el riesgo y no se adoptan las medidas adecuadas se incurre en responsabilidad penal.